La ACIP se ha reunido con los parlamentarios de los distintos grupos políticos por la provincia de Almería y con el Portavoz de la Consejería de Gobernación, reunión solicitada por la ACPE al Secretario del PPA, Antonio Sanz y a la que se sumó la Plataforma por la Transparencia Municipal.
En dicha reunión celebrada en la sede del Parlamento Andaluz, la ACPE puso sobre la mesa la necesidad de que se instara la disolución del Ayuntamiento de El Ejido y la creación de una Gestora o que fuese la propia Junta de Andalucía la que tutelase las competencias municipales de urbanismo, servicios públicos y las cuestiones económicas del consistorio, prestando especial atención a la deuda municipal.
Todo ello, en base a:
1.- La situación de parálisis y quiebra técnica del Ayuntamiento (en un informe elaborado recientemente por los técnicos municipales se reconoce que la deuda municipal asciende a casi 223 millones de euros).
2.- Las prácticas que han llevado a la actual crisis municipal y que entendemos aún no han cesado.
3.- Se sigue hipotecando al municipio, con reconocimientos de deudas a empresas que se encuentran inmersas en las investigaciones que se llevan a cabo en la llamada Operación Poniente, destinando la recaudación del IBI de los próximos años a su pago y, reconociendo la facultad a dicha empresa para que pignorar ese derecho de crédito reconocido.
4.- Los servicios municipales están bajo mínimos en cuanto a su prestación y la situación de los trabajadores es insostenible. En éste sentido se advirtió por parte de la Asociación la posibilidad de que se estuviera vulnerando la actual legislación laboral.
Se instó a nuestros representantes políticos en el parlamento andaluz la necesidad de creación de una comisión de investigación y en su caso de seguimiento por los hechos por los que se tramitan las diligencias de la operación poniente y, que en ése sentido se depuraran responsabilidades políticas, ya que, en base a lo poco que hasta ahora se ha podido conocer de la investigación, en la misma aparecen miembros del Gobierno de la Junta de Andalucía, y, al parecer, se ha podido dar un uso indebido a las ayudas del Plan Proteja. En éste sentido, siendo actualmente una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía las corrupción política, además, se instó la creación de órganos que sirvan de herramienta de control político municipal.
La reunión, que se celebró en dos sesiones, por imposibilidad de los miembros del PSOE según nos informaron los mismos, la primera con los grupos IUCA y PPA, en la que éstos mostraron gran sensibilidad y conocimiento de la problemática ejidense y la segunda con PSOE.
En la primera reunión, celebrada con IUCA y PPA, se informó a Plataforma y Asociación de las iniciativas que ambos grupos habían llevado a cabo hasta el momento y de las próximas iniciativas que por uno y otro grupo se estaban estudiando, en éste sentido las iniciativas allí estudiadas contaron con el apoyo de ambos grupos.
Entre otras cuestiones se trataron la posibilidad de instar nuevamente la solicitud de disolución del Ayuntamiento de El Ejido y la creación de una Gestora, la creación de comisiones de investigación parlamentaria por las posible financiación ilícita del PAL y por las adjudicaciones en el Plan Proteja, la creación de una comisión de investigación por los nuevos hechos conocidos tras la apertura parcial del sumario, la necesidad de pedir cuentas y la valoración por parte de los miembros del Parlamento por los contactos de miembros del Gobierno Andaluz con los imputados en la Operación Poniente.
Así mismo se nos informó que se estudiaría la posibilidad de solicitar ayudas económicas para el municipio ejidense y la posibilidad de acudir al amparo del Defensor del Pueblo Andaluz en defensa de los intereses generales de la ciudadanía ejidense.
Por contra, en la reunión mantenida con el PSOE, en la que en primer lugar se nos informó por parte del Portavoz de la Consejería de Gobernación, que no conocía a fondo lo que ocurre en El Ejido, que conoce lo que aparece en prensa, por otro lado, se trató la cuestión de la actual situación del Ayuntamiento de El Ejido y cuáles eran las causas que nos han llevado a la actual situación, ante lo cual García Quero explicó que la situación del ayuntamiento se debe a un desequilibrio presupuestario.
Respecto de la cuestión referida a la posibilidad de disolución del Ayuntamiento y creación de una Gestora, se nos informó por parte del grupo socialista, sobre la imposibilidad legal de llevarla a cabo ya que se podría incurrir en prevaricación, por lo que se les pidió y así se comprometieron en elaborar un informe sobre la posibilidad legal de instar la disolución del Ayuntamiento de El Ejido.
Respecto de la posibilidad que otorga el art. 61 LBRL (Ley 7/85), de instar la disolución por “en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales” por parte de las corporaciones locales, se instó a que se pronunciasen sobre si entendían que había una gestión gravemente dañosa en el caso de El Ejido a lo que se nos contestó que, se había dañado la “imagen del municipio”.
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